El grupo de economistas autores de la propuesta están seguros de que las personas seguirán trabajando a pesar del ingreso garantizado. Y las encuestas entre la población comprueban esta idea. Solamente un 2% admitió que dejarían de trabajar; y el 8% que, dependiendo de las circunstancias, quizá no trabajarían.
La votación está programada para junio de este año.
Esta idea le costará al gobierno 208 miles de millones de francos al año. 150 miles de millones se pretende tomar de los impuestos y el resto de los fondos del seguro social.
Mientras tanto, en la encuesta participaron 1076 personas, de los cuales un tercio aceptó que creen que en cuanto la propuesta entre en vigor, muchas personas dejarán de trabajar. Al mismo tiempo, el 56% de los entrevistados dijeron que dudan mucho que semejante ley entre en vigor algún día.
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